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¿Cuánto vale un voto? (Luisa Marco Sola)

No se trata de ponerse a hacer una puja (aunque puede resultar tentador). Bastaría con constatar que no todos los votos en España valen lo mismo. Electoralmente, al menos, existen ciudadanos de primera y segunda categoría. Sin que ello sea motivo de esperanza, no se trata de una desigualdad estructural, es una discordancia  estrictamente coyuntural. Y sin embargo es endémica.  Somos de diversa valía –nosotros y nuestros votos-  no por origen ni estatus;  lo somos  en función de lo que votemos.

La base de todo sistema democrático representativo, esto es “una persona, un voto”, hace aguas estrepitosamente ante lo que se observa en la trastienda de las últimas elecciones. El precio de un escaño oscila inconcebiblemente entre unos partidos y otros.  Para lograr un escaño, UPyD ha requerido 228.048 votos e  Izquierda Unida  152.801, a años luz de los 63.300 que ha necesitado el  PSOE, los 58.230 del PP, los 63.391 de CIU o  los 47.661 que ha precisado Amaiur. Con ello, miles de votos en todo el territorio nacional no han sido tenidos en cuenta.  A lo que hay que sumar la práctica imposibilidad de ejercer con consecuencias un voto de castigo generalizado contra todas las opciones.

De entre las múltiples posibilidades, a la hora de diseñar nuestro sistema electoral se optó por una elección de representantes basada en mayoría provinciales. Pero éstas,  al ser circunscripciones demasiado pequeñas, no pueden garantizar la proporcionalidad entre los votos y los escaños que atribuyen. Con ello,  aquellas agrupaciones pequeñas  que presentan votantes diseminados geográficamente quedan en inferioridad de condiciones. Mientras, los grandes partidos con importante concentración de votos salen reforzados, dejándonos condenados al  bipartidismo más asfixiante.

¿Es irracional plantear la necesidad de un cambio? El inmovilismo a la hora de llevar a cabo una reforma tan necesaria nos aleja de los principios fundamentales de una verdadera democracia. Además, esta reflexión nos adentra también en el debate sobre lo tocable y lo intocable en nuestra legislación. Y es que a nadie le tembló la mano a la hora de reformar (¡incluso!) la Constitución para fijar el techo del déficit público. Todo para mejor bailar al son que nos marca Europa, madre y madrastra a partes iguales.

Es necesario recordar que nuestra alternativa electoral nace de un contexto muy específico: el de la Transición política española. En ese momento resultó prioritario favorecer  por encima de todo y a cualquier precio la formación de grandes mayorías y por ello de gobiernos más estables. El miedo a una vuelta a los tiempos oscuros del militarismo subversivo pesó como una losa sobre las conciencias de los políticos del momento.

A día de hoy, sin embargo, la sociedad española ha avanzado con firmeza y de modo irrevocable hacia una conciencia democracia que no deja lugar a golpes de Estado ni militaradas. No podemos por ello mantener una democracia anclada en miedos atávicos. No tiene lugar ni en el mundo actual ni en una apuesta decidida por la modernidad y el progreso.

¿Son conscientes nuestros políticos de que se encuentran respaldados por una representatividad limitada? ¿Les preocupa? ¿Tendrán el valor de asumir el riesgo de optar por un sistema electoral verdaderamente democrático sin cortapisas? Quizá Kropotkin dio en la diana al afirmar que “si votar sirviera para algo, no nos dejarían votar”.

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